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Manifiesto Feminista por nuevas formas de convivencia social inclusivas y democráticas

Costa Rica, 18 de enero de 2018

 

Las mujeres y organizaciones que suscribimos este Manifiesto Feminista consideramos este proceso electoral, un momento oportuno para llamar a una reflexión profunda sobre el carácter y tipo de sociedad, Estado, economía y desarrollo que queremos; así como señalar la urgencia de nuevos acuerdos de convivencia social que garanticen el disfrute pleno de los derechos humanos de todas y todos.

El momento es oportuno, porque en esta campaña han aumentado y se han hecho más fuertes los llamados al odio, la discriminación y la exclusión a través de mensajes fundamentalistas conservadores contrarios al respeto, los derechos humanos y la solidaridad que creemos debe imperar en una sociedad democrática. Una manifestación de esto es la invisibilización de las niñas, las adolescentes y las mujeres como sujetas de derechos, a la vez que se atacan y amenazan los logros que históricamente hemos conquistado y se satanizan nuestras aspiraciones.

Descaradamente se utiliza la violencia política, la violencia simbólica y el sexismo contra las mujeres como arma electoral dentro y fuera de los partidos. A pesar de la norma que obliga a la paridad vertical y horizontal en la participación política, no se alcanzará un 40% de mujeres en el órgano Legislativo ni en la composición del próximo gobierno.

Vivimos una crisis generalizada en todo el sistema costarricense, que no se limita al campo de la economía, y que muestra el fracaso del modelo de sociedad que hemos heredado, basada en el lucro y el beneficio personal.

El modelo económico neoliberal globalizado no se preocupa por resolver los problemas básicos de la vida y la relación con el planeta, y por el contrario centra su interés en que las grandes empresas garanticen sus ganancias. En Costa Rica, una de cada cinco familias vive en condiciones de pobreza, es decir, una parte importante de la población está sometida a múltiples exclusiones y la desigualdad se impone en nuestra sociedad. Las mujeres se ven particularmente obligadas a enfrentar las consecuencias de este fracaso de modelo económico, ya que asumen en forma desproporcionada la responsabilidad de alimentar, cuidar y satisfacer las necesidades básicas de sus familias con recursos limitados, a costa frecuentemente del sacrificio de su propio bienestar.

Se evidencia una crisis del Estado, que ha perdido la misión de servir al bien común y representar los intereses de toda la población y que ha sido secuestrado por una élite cada vez más rapaz y corrupta que utiliza los mecanismos estatales para sus propios intereses. Presenciamos una cada vez más voraz apropiación de los bienes públicos para el beneficio privado de esta élite. No es de extrañar que Costa Rica carezca de un proyecto de país y una ruta clara para ejecutarlo.

Este rapto del Estado costarricense ha carcomido los principios y el ejercicio de la democracia representativa, concentrando el poder en una minoría cada vez más alejada de la realidad, los intereses y las necesidades de la población. Se reduce la democracia a una elección popular, y en los cargos de poder se instalan personas que no nos representan; no reflejan la diversidad de quienes habitamos Costa Rica ni se comprometen con la garantía de nuestros derechos. En una manipulación perversa del sentido real de la democracia, cada vez más se criminalizan los esfuerzos de la población por opinar y participar de forma activa y crítica en las decisiones que nos afectan a todas y todos.

Ante el vacío de un proyecto común inclusivo se impone fácilmente el individualismo, la negación de los derechos de algunas personas, la intolerancia y el odio, una agenda conservadora que refuerza las fracturas sociales Contrario a lo que esperaríamos en el Siglo XXI, no avanzamos en materia de convivencia y fortalecimiento del tejido social; por el contrario, los discursos fundamentalistas religiosos pretenden devolvernos a las guerras santas y la quema de brujas de la edad media. Nos preocupa que, ante esta crisis de convivencia social, candidatos y candidatas en la actual contienda electoral se sumen a este tipo de manifestaciones públicas que atentan contra el Estado de derecho y la democracia participativa.

Esta crisis sistémica nos afecta en forma dramática a las mujeres. La pobreza se concentra en las familias que están a cargo de mujeres (4 de cada 10 familias en condición de pobreza tienen jefatura femenina); tenemos mayores tasas de desempleo que los hombres (10% nosotras, 6,3% ellos en 2016); cada año hay 11 mil niñas y adolescentes embarazadas (entre ellas más de 300 menores de 15 años) resultado frecuente de violaciones y relaciones abusivas; los mensajes de odio dirigidos contra las mujeres, nuestros derechos y nuestras conquistas, abonan al creciente ensañamiento de los agresores y los femicidas (26 femicidios en 2017); se nos niega el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo impidiéndonos inclusive el aborto terapeútico que es legal en nuestro país; se nos continua violentando nuestro derecho al libre tránsito debido al acoso sexual callejero. Los riesgos se multiplican para las mujeres indígenas, las migrantes, las mujeres con discapacidad, las lesbianas, las bisexuales, las mujeres trans, las trabajadoras sexuales, las adultas mayores, las afrodescendientes, las mujeres rurales, las privadas de libertad, las mujeres con VIH. En otras palabras, el riesgo es ser mujer.

Esta situación es a todas luces insostenible. Por ello, asumiendo nuestro compromiso como ciudadanas, consideramos impostergable reaccionar ante ella por lo que hacemos un llamado para que, como sociedad, revisemos y construyamos un cambio de rumbo con proyectos compartidos desde la participación de la diversidad de actores sociales, culturales y políticos.

Nuestro Manifiesto representa una agenda abierta para la reflexión, el diálogo y la acción. Compartimos algunas de nuestras reflexiones y las propuestas que hemos priorizado:

I. Democracia participativa y Estado laico; una vía insustituible para erradicar las injusticias y las desigualdades 

Consideramos la vida en democracia una aspiración legítima para construir una sociedad inclusiva en la que los derechos de todas y todos sean garantizados, y un recurso necesario para llegar a erradicar las desigualdades y las injusticias. Sin embargo, a nivel mundial y nacional asistimos a una crisis profunda del proyecto democrático.

La democracia no es sinónimo de votar cada cuatro años, conformar y participar en partidos, o poder presentar una candidatura. El ejercicio de la elección popular no es suficiente para ser parte de la toma de decisiones que afectan a nuestras vidas, nuestra sociedad y el planeta, y que deberían ser consensuadas. Lo que llamamos democracia representativa no refleja las necesidades e intereses de la mayoría

No es posible debatir abiertamente y construir proyectos comunes cuando una clase política cada vez más reducida, ligada a los grandes poderes económicos, monopoliza los espacios de decisión y los utiliza para garantizar su permanencia en ellos. ¿Cuánto de representativa puede ser esa democracia si los partidos se resisten a tener en sus órganos internos y presentar en sus papeletas una auténtica representación de la diversidad de la población de Costa Rica? Han sido obligados por ley a la paridad entre hombres y mujeres y, sin embargo, han logrado hasta el momento impedir que se haga realidad este principio de igualdad en la participación política.

Se torna imprescindible el reconocimiento de la participación política de las mujeres y sus movimientos, más allá de la representación política. La democracia no va sin la participación de las mujeres en todos los asuntos públicos. La incorporación de los intereses y derechos de las mujeres debe ser una prioridad para alcanzar una sociedad justa e igualitaria.

Tampoco es posible establecer diálogos transparentes y alcanzar consensos entre iguales cuando existen grupos como los bloques empresariales, religiosos y mediáticos que negocian con la clase política e imponen sus intereses sin importar cómo afectan a la población. Llegan a estar por encima de los órganos establecidos en nuestro sistema democrático y del Estado, violentando los  principios básicos de legalidad y transparencia que deben sustentar una República y actuando al margen de los mecanismos de control democráticos. Llega a ser parte del horizonte político cotidiano el tráfico de influencias, la corrupción, la pérdida de independencia de los poderes estatales, el secuestro de los gobiernos por las amenazas y chantajes de los grupos de poder.

Cabe destacar en este juego antidemocrático las amenazas permanentes que ejercen las iglesias católica y de otras denominaciones contra toda decisión estatal que no concuerde con sus ideas. Desde sus particulares creencias religiosas estos grupos de poder se considera con potestad para imponer, sin discusión y por la fuerza de la verdad absoluta, la forma en que todas y todos debemos vivir.

Esta campaña electoral ofrece un ejemplo vergonzoso de esta realidad. Asistimos a una carrera contra reloj de candidatos presidenciales que cambian de posición para disputar el dudoso título de ser los más antiderechos de las mujeres y así atraer el favor electoral de grupos religiosos conservadores. Mientras, otro candidato es financiado por los empresarios de autobuses, grupo que ha impedido la resolución de uno de los problemas más grave que nos afecta, el del transporte público.

Cada vez estamos más lejos del gobierno del pueblo y para el pueblo. Requerimos democratizar la democracia y contar con un Estado laico para enfrentar las injusticias sociales y de género que reproducen un modelo económico, político y social desvinculado de la vida y del bienestar común.

Ya es tiempo de una democracia participativa que tenga como horizonte emancipador una sociedad sin discriminación, sin exclusiones ni desigualdades sociales. Aspiramos a una democracia sustantiva que vaya más allá de los procesos electorales y la escogencia de personas que supuestamente nos representan. Aspiramos a una sociedad respetuosa de los derechos humanos, donde podamos participar y decidir sobre todos los asuntos públicos que nos afectan a todas las personas que habitamos Costa Rica.

Eliminar los monopolios políticos. Es tarea urgente eliminar la enorme brecha entre quienes nos gobiernan y quienes somos gobernados. No se trata de un simple cambio de personas, sino de una revisión profunda de los mecanismos que han formalizado e instrumentalizado las formas de participación ciudadana y política. La deuda política debe ser revisada para minimizar su monto, garantizar un acceso en igualdad de condiciones para todos los partidos, y condicionar su entrega a la participación en los partidos, sus estructuras y sus candidaturas de los sectores tradicionalmente excluidos, como las mujeres, las personas indígenas, las personas con discapacidad, entre otras. Las normas deben reformarse para permitir la participación electoral de movimientos sociales, facilitar la presentación de proyectos de ley de iniciativa popular y garantizar la participación de los movimientos sociales en los órganos directivos de las instituciones.

Construcción de ciudadanías en red. Queremos una sociedad donde tejamos entre todas y todos el derecho a tener derechos. Desde las comunidades y los territorios, las personas que los habitamos tenemos derecho a organizarnos y participar en las decisiones que nos afectan y afectan como personas, como parte de una comunidad y como pertenecientes una sociedad. Nuestras comunidades de interés como mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores, afrodescendientes, LGBTI, trabajadoras del sexo, indígenas, y en general las organizaciones sociales, han desarrollado un conocimiento y una experiencia única y enormemente valiosa para construir una sociedad libre de injusticias y discriminaciones. Queremos un Estado que se alimente de estos aprendizajes, construya con estos movimientos y respete su carácter autónomo.

Mecanismos que garanticen la participación política de las mujeres. Es necesario que se definan mecanismos claros y eficientes que garanticen la participación política de las mujeres en puestos de representación política y en la toma de decisiones. Para esto es imprescindible la aplicación de la paridad horizontal y vertical en todas las instancias gubernamentales, sancionando a los partidos que no desarrollen mecanismos que garanticen en los resultados una presencia igualitaria de mujeres y hombres. Demandamos transparencia en el uso de recursos estratégicos en las campañas electorales, así como hacerlos accesibles para que las mujeres en los partidos tengan oportunidades de capacitación y expresión en los medios de comunicación. Para eliminar algunas de las barreras que las mujeres encuentran para participar en las decisiones nacionales, demandamos la penalización de la violencia política e insistimos en que el Estado se comprometa con una estrategia para implementar una justa distribución entre hombres, mujeres, el sector privado y el propio Estado del trabajo reproductivo.

Auditorías ciudadanas de los asuntos y recursos públicos. Este tipo de ejercicio democrático representa un espacio de acción ciudadana que cuida y vigila el flujo transparente de la información y el uso de los recursos públicos de las instituciones del Estado. Por ello es necesario que el Estado garantice mecanismos de expresión de estos espacios de las ciudadanías en acción, así como la construcción de capacidades ciudadanas para auditar y reclamar rendición de cuentas cuando lo considere necesario.

Estado de Derecho responsable en la rendición de cuentas de su quehacer. Para la rendición de cuentas sustantiva por parte del gobierno y las instituciones, se hace necesaria la revisión de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito (No. 8422), para determinar si se adecua a la realidad actual del país. Asimismo, el Poder Judicial debe asegurar la absoluta integridad en su aplicación, de manera que los actos de corrupción no pasen a formar parte de la epidemia de impunidad generalizada nos ha sumido en una crisis

Estado laico, condición indispensable para la democratización de la democracia. Garantizar los derechos humanos de todas las personas es una misión que el Estado costarricense, al igual que todos los Estados del mundo, no ha podido cumplir. Cuando los poderes de las religiones interfieren directamente en la labor del Estado y en la dinámica social, es aún más lejano el horizonte de su cumplimiento.

Hay unos mínimos básicos de convivencia en democracia, de justicia social y bienestar, en particular para las mujeres, que se han afectado por el carácter confesional del Estado y la permisividad de los gobiernos con la jerarquía católica.  Este vínculo Estado-iglesia pone en riesgo el respeto a los derechos humanos, particularmente los derechos de las mujeres y los de las personas LGTBI, y termina siendo una amenaza para toda la población.

Hemos sufrido campañas profundamente irresponsables lanzadas por la jerarquía católica y evangélica basándose en dogmas y en contra de evidencias científicas. Entre ellas, oponerse al uso del condón (llegando incluso a decir que el condón no podía impedir el paso del virus del VIH) y boicotear la educación sexual en escuelas y colegios. La campaña contra el Pograma para la sexualidad y la afectividad afecta antes que nadie a todas las niñas y adolescentes que están menos preparadas para informarse y buscar protección frente a la violencia sexual que puedan vivir.

Un Estado laico es una condición indispensable para la democratización de la democracia y la sociedad. La separación entre la iglesia y el Estado es una condición democrática básica para garantizar el cuido de los vínculos sociales y la reconstrucción del tejido social con base en el respeto a los derechos humanos de todas las personas, sin imposiciones ni políticas de odio basadas en creencias religiosas o el autoritarismo político y social.  Se trata del respeto a la libertad de conciencia, a los valores democráticos y a la convivencia social en democracia.

Reforma del artículo 75 de la Constitución Política que establezca el carácter laico del Estado costarricense.

Educación laica, basada en los conocimientos científicos, no en dogmas ni en las creencias religiosas, eliminando el financiamiento público a los centros educativos religiosos, sustituyendo la educación religiosa católica por la formación en conocimiento de todas las religiones, primordialmente las que se practican en Costa Rica, incluyendo las ancestrales.

Prohibición de uso de discursos religiosos para atentar contra los Derechos Humanos y los valores democráticos, especialmente en campañas electorales y en el ejercicio de la función pública, y sanción a quienes lo incumplan. Se requiere reformar la Constitución y el Código Electoral para ampliar la prohibición de injerencia política a todas las denominaciones religiosas, con el objetivo de garantizar una actuación decidida del TSE en el resguardo del Estado de Derecho y para impedir en tiempo real estas injerencias durante las campañas electorales

2. Un Estado comprometido con el bienestar y la sostenibilidad de la vida

El avance del neoliberalismo en Costa Rica ha reconfigurado el Estado, imponiendo un modelo que apuesta por la disminución de su tamaño y su intervención en la sociedad, la desregulación de los derechos laborales, el deterioro de los servicios públicos básicos (agua potable, electricidad, educación, salud, saneamiento, transporte, entre otros), y la apertura y flexibilización de condiciones para el funcionamiento de las grandes empresas nacionales y transnacionales, y en particular para favorecer a un sector financiero que concentra el capital. Este modelo ha conseguido desmantelar la base productiva del país para hacernos dependientes de las importaciones, ha comprometido la soberanía alimentaria, y favorece actividades extractivistas que atentan contra la naturaleza, contra la vida comunitaria, y debilitan a las expresiones locales organizativas que buscan gestionar sus recursos y sus riesgos.

Como en el resto de América Latina el modelo neoliberal prometió crecimiento, desarrollo y empleo; sin embargo, el traslado de recursos y responsabilidades vitales para satisfacer necesidades básicas, desde el Estado al sector privado no ha dado buenos resultados para las grandes mayorías. En Costa Rica este proceso marcha más lento que en el resto de la región, pero sigue el mismo camino de debilitamiento y desprestigio de la institucionalidad democrática, particularmente la de género; entrabamiento de las instituciones, apertura de servicios con miras a la privatización, filtración o prevalencia de intereses privados en la toma de decisiones, e impunidad frente a la corrupción y el enriquecimiento ilícito.

En esta lógica la inversión pública lejos de resolver los grandes problemas de infraestructura y servicios que enfrenta la población, se orienta cada vez más a satisfacer la lógica empresarial y la maximización de la ganancia de los concesionarios, alejándose del compromiso solidario y de bienestar colectivo que debe prevalecer. La concesión de autopistas es un claro ejemplo de esto.

Este modelo ha enriquecido aquellos sectores vinculados con los negocios de las concesiones de obra pública y la tercerización de servicios. Además, ha debilitado la capacidad de gestión, fiscalización y decisión del Estado, en detrimento del uso adecuado y para beneficio colectivo de los recursos públicos estatales que aportamos todas las personas que vivimos en Costa Rica.

A la par de este deterioro de la capacidad estatal, se eleva la presión para convertir los servicios básicos, que deben ser garantizados por el Estado, en mercancías a las que las personas y las familias tienen acceso en la medida de sus posibilidades económicas. No es de extrañar que Costa Rica sea uno de los países de América Latina donde más han crecido las desigualdades y exclusiones.

Frente a este escenario, aspiramos a contar con un Estado que renueve su compromiso por el bienestar colectivo, la protección de la vida y la garantía de los derechos humanos de toda la población. Para esto es fundamental el cumplimiento en todos sus extremos de los acuerdos internacionales que el país ha suscrito para proteger los derechos fundamentales de las y los habitantes, pero también, que las políticas públicas sean de alcance universal e incluyan medidas de igualdad y equidad para atacar la exclusión y la discriminación, reconociendo que Costa Rica es un país heterogéneo, multiétnico y pluricultural.

Un Estado generador de bienestar 

Es urgente redefinir los objetivos del Estado democratizando las formas de participación y mejorando los mecanismos mediante los cuales la ciudadanía se relaciona con la institucionalidad, de manera que se puedan construir colaborativamente propuestas de trabajo orientadas a la búsqueda del bienestar general, la sostenibilidad de la vida y el respeto a los derechos de todas las personas en su diversidad.

La función pública y la función privada en aceras diferentes. En las últimas décadas hemos visto a grupos de personas y empresas beneficiarse sistemáticamente de negocios que ellas mismas, -o sus socios, familiares y amistades-, acuerdan cuando ocupan cargos en la función pública. Esta es una vía expedita a la corrupción, desvío y malversación de fondos públicos.

Exigimos que exista una clara división entre la actuación estatal y el ámbito empresarial, con sanciones penales incluyendo económicas cuando se viole este principio, de manera que quienes se desempeñan en la función pública se rijan por la ética del bien común, la justicia social y la solidaridad.

La solidaridad por encima de la ganancia. El Estado tiene potestad y debe imponer los criterios de solidaridad cuando concede a empresas privadas la ejecución de proyectos y la oferta de servicios relacionados con derechos fundamentales como la salud, la educación, los transportes, las comunicaciones o el acceso al agua.

Demandamos mayor fiscalización estatal y sanciones contundentes para las empresas que anteponen sus ganancias antes que el bien común en los contratos de concesiones y servicios tercerizados que están vigentes. En este contexto se hace impostergable la revisión y reformulación de la Ley General de Concesión de Obra Pública (Ley Nº 7404) para que responda a los criterios mencionados.

Demandamos al Estado facilitar y poner recursos a disposición de modelos empresariales alternativos que se basan en el bienestar colectivo, como el cooperativismo y la Economía Social Solidaria.

Institucionalidad pública proactiva, eficiente y transparente. Es necesario revertir el debilitamiento del Estado a partir de criterios de eficiencia, solidaridad y proactividad. De esta manera las instituciones públicas podrán hacer frente al diseño, construcción y mantenimiento de la obra pública que el país necesita, así como brindar de forma oportuna y eficiente los servicios que la población requiere para el ejercicio pleno de todos sus derechos.

Coordinación interinstitucional e intersectorial efectiva. Es necesario romper con la visión de trabajo en islas separadas que duplican tiempo y recursos para la institucionalidad, afirman poderes personales e institucionales y niegan oportunidades de construcción colectiva. La lógica autorreferenciada que actualmente impera en las instituciones impide visiones de conjunto y obstaculiza las actuaciones integrales orientadas a lograr objetivos de bienestar.

Un Estado al servicio de sus habitantes

El modelo actual ha ampliado la brecha de la desigualdad en Costa Rica, enriqueciendo y concentrando recursos en cada vez menos personas, mientras una gran mayoría se empobrece y ve desmejoradas sus condiciones de vida. Es comprensible el reclamo creciente de la ciudadanía frente al deterioro de los servicios de salud, la calidad de la educación y la infraestructura vial que agravan y extienden las exclusiones.

El Estado, sus instituciones y normativas se deben a las personas, por lo tanto sus derechos, aspiraciones y demandas deben reflejarse en todas las políticas públicas. Requerimos un Estado inclusivo y participativo que proteja, defienda y vele por las personas y el bien común, y donde la diversidad étnica, cultural y social sean valoradas, reivindicadas y dignificadas.

Calidad en los servicios y en el trato a las personas. Este es un problema que afecta desproporcionadamente a las mujeres, al asumir en gran medida las relaciones de sus familias con las instituciones.

Demandamos calidad técnica y humana en los servicios y en las instituciones, así como la imposición de sanciones a quienes, utilizando su posición de superioridad, nieguen el acceso a los servicios o los condicionen sobre la base de criterios personales, así como a quienes no cumplan con normas de trato digno. Exigimos particular compromiso en la identificación y sanción de quienes violenten a las niñas, adolescente y mujeres y las revictimicen cuando acuden en busca de apoyo y protección.

Mecanismos eficientes para que la ciudadanía incida en la institucionalidad. El país ha avanzado en crear mecanismos para que las personas puedan canalizar sus propuestas, denuncias y reclamos en áreas de su interés (juntas de salud, juntas de educación, comités cantonales, contralorías de servicios, entre otras). Sin embargo, aún está pendiente fortalecer el carácter vinculante de estas instancias, para que las propuestas y denuncias que ahí se ventilan sean realmente considerados en las instituciones.

Un Estado que garantice los derechos humanos y respetuoso de la heterogeneidad de la población. La población que habita Costa Rica es sumamente diversa en términos sociales, étnicos y culturales. Por esa razón el Estado debe preocuparse por conocer y responder a esa pluralidad, a través de acciones y propuestas enfocadas en garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. No se puede lograr este objetivo sin hacer partícipe de las decisiones a los grupos que se ven afectados por ellas. La institucionalidad debe organizarse para responder a estas poblaciones y no exigirles que ellas se adapten a sus lógicas burocráticas internas.

Un Estado comprometido con la igualdad de género para favorecer nuevas formas de convivencia. Observamos con gran preocupación la presencia de grupos conservadores que recurriendo a discursos religiosos buscan debilitar los avances normativos e institucionales que el país ha conseguido en materia de derechos humanos, especialmente aquellos relacionados con los derechos de las mujeres. Esto se manifiesta en el estancamiento de la agenda de derechos humanos de la Asamblea Legislativa o de instituciones estratégicas como el Ministerio de Salud. Esta ofensiva antiderechos es evidente en los constantes ataques que recibe el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) o el poco apoyo económico y político que se le da a la mayoría de las Oficinas Municipales de la Mujer (OFIM), que en el pasado jugaron un papel de peso en el apoyo a mujeres violentadas.

Fortalecimiento de la institucionalidad para el avance de la igualdad de género. Desde el Estado debe existir un compromiso expreso por fortalecer con personal y recursos económicos la institucionalidad que el país ha impulsado para el avance de la igualdad de género. Demandamos fortalecer el INAMU como ente rector en materia, y dotar de recursos humanos y materiales las OFIMs y las áreas, unidades y oficinas de género creadas en los ministerios y las instituciones autónomas.

3. Economía para la vida: un modelo económico centrado en el bienestar de todas y todos, capaz de garantizar una organización social de los cuidados justa

El modelo económico que rige en Costa Rica y en el planeta se sostiene sobre dos pilares. El primero de ellos se organiza en torno al mercado, es decir las transacciones comerciales de bienes, servicios, capital y trabajo, y su fin es la producción para el mercado, la reproducción del capital y la acumulación de las empresas. Este modelo no permite garantizar el bienestar de las personas, ya que su objetivo es otro.

El segundo pilar, aunque es esencial para el sostenimiento de todo el sistema económico, ha sido invisibilizado. Se trata del trabajo reproductivo y de cuidados que se realiza en los hogares y no es remunerado. La separación de estas dos esferas de la economía se asienta sobre la división sexual del trabajo, que establece una línea divisoria entre lo productivo y lo reproductivo. El trabajo productivo, asignado a los hombres, se valora y se remunera. El reproductivo, asignado a las mujeres, se considera privado, y no se registra ni se reconoce como trabajo porque no pasa por el mercado.

Sin embargo, este trabajo invisibilizado y no valorado es esencial tanto para la vida de las personas como para el sostenimiento del modelo económico. Incluye todas aquellas actividades que satisfacen las necesidades de cuido cotidiano de las personas, así como la protección de sus vínculos sociales y familiares y el mantenimiento de los espacios y bienes domésticos. Sin este trabajo no habría personas en condiciones de trabajar cada día ni nuevas generaciones listas para hacerlo cuando les llegue el momento.

La crisis económica que desde 2008 ha tenido grandes impactos negativos en la vida de la población mundial, ha puesto en evidencia los límites de este modelo económico neoliberal, que arrasa con el planeta y condena a millones de personas a la pobreza y a la exclusión social. A pesar de esta evidencia, este modelo se sigue presentando como el único posible y trata de justificarse tras argumentos que auguran prosperidad.

Se asegura que el crecimiento económico y una mayor productividad conllevarán menor pobreza y mayores oportunidades, en especial para las mujeres. Sin embargo, caminamos hacia la automatización de millones de ocupaciones, hacia un crecimiento económico que no produce empleo. La prosperidad de las grandes empresas se basa cada vez más en la depredación del planeta, imponiendo en América Latina megaproyectos extractivistas que usurpan los recursos colectivos, -tierras, ríos, bosques-, en particular los que ancestralmente les pertenecen a los pueblos indígenas.

Para salir de la crisis se ha impuesto el desempleo y la precarización de los trabajos, pero estas medidas, que anunciaron que serían temporales para reactivar la economía, son cada vez más permanentes y extendidas y la crisis no se resuelve. Las grandes empresas, sobre todo las financieras, sí han salido de la crisis, pero las épocas de bienestar para las personas nunca llegan. Las generaciones más jóvenes están afectadas por tasas de desempleo nunca antes vistas y para las mujeres de América Latina las promesas de bonanza son aún más irrealizables. En la historia reciente, en los períodos de mayor crecimiento han aumentado desigualdades como la brecha salarial de género o la del desempleo.

Cada vez es más evidente el agotamiento del sistema económico en relación con la forma injusta en que organiza el trabajo reproductivo. Millones de mujeres se desplazan por todo el planeta para cuidar familias ajenas en otros países y otros continentes porque las mujeres de esas familias, que estudian o trabajan, ya no pueden o no están dispuestas a asumir además esa responsabilidad en la casa como lo hicieron en el pasado.

Para construir un futuro del que todas podamos ser parte y que ofrezca oportunidades para todas, necesitamos cambios urgentes y profundos en el sistema económico. Necesitamos transitar hacia otro modelo, que ponga la vida y la naturaleza en el centro, en lugar del mercado y el beneficio de las empresas. Se trata de una nueva forma de organizar nuestra vida como sociedad, que se centre en garantizar todos los derechos para todas las personas, en especial, el derecho a una vida digna para todas y todos, y que entienda la economía como un medio para alcanzar este objetivo

El trabajo de cuido, un asunto económico de primer orden que requiere ser redistribuido entre hombres y mujeres, y entre familias, Estado y empresas. Exigimos que se reconozca el valor del trabajo doméstico no remunerado en las cuentas nacionales, y se asegure una redistribución justa de este trabajo, con una participación de los hombres igual a la de las mujeres, con medidas como las licencias de paternidad. Se trata además de considerar los cuidados de las personas, especialmente los de aquellas que son dependientes, como una responsabilidad de toda la sociedad, no solo de las familias, por lo que tanto el sector público como las empresas deben asumir responsabilidades, y aportar recursos para que todas las familias tengan la posibilidad de satisfacer sus necesidades de cuido en igualdad de condiciones. Se trata de ir más allá de las redes de cuido de niñas y niños, implementando medidas de diversos tipos (centros de cuido, servicios profesionales a domicilio, apoyos para contratación de cuidados), y que cubran también el cuido de personas adultas mayores, enfermas y con discapacidad.

Redistribuir la riqueza para beneficio de las personas y en interés del país. El modelo económico neoliberal genera una reparto desigual e injusto de la riqueza que condena a miles de personas a la pobreza y las coloca en una situación de exclusión social. Los patrones de distribución injusta se reproducen a nivel global, de manera que entes financieros que extraen de forma violenta e injusta recursos a países como el nuestro a través de una deuda pública que aumenta sin cesar y cuyo pago consume una proporción cada vez mayor de los recursos nacionales. Urge frenar la espiral de endeudamiento. Demandamos un debate nacional para buscar caminos alternativos a la financiación estatal y el endeudamiento público, que permita incorporar lecciones y experiencias que otros países han desarrollado en esta materia.

Es urgente avanzar en el diseño y la implementación de mecanismos eficaces de redistribución de la riqueza. Esto es particularmente urgente de cara al futuro del trabajo que augura un importante aumento del desempleo. Se requieren mecanismos como la Renta Básica Universal que garanticen ingresos suficientes para todas las personas, como un derecho básico a la sobrevivencia que el Estado garantice. Este derecho no debe depender de un mercado laboral cada vez menos capaz de asegurar empleo e ingresos justos para el conjunto de la población.

Condición imprescindible para una justa distribución de la riqueza es la igualdad de condiciones para el acceso a recursos como la tierra, los medios de producción, el crédito y la tecnología, garantizando que sectores históricamente excluidos y despojados, como las mujeres y el campesinado, cuenten con ellos. En este sentido, exigimos la restitución inmediata de sus tierras a los pueblos originarios de nuestro país.

Rechazamos que el llamado emprendedurismo sea una opción para las mujeres cuando no se les ofrecen herramientas para que puedan sostener proyectos con posibilidad de desarrollarse más allá de la subsistencia. El Estado juega un papel central para convertir estas iniciativas en auténticas oportunidades, pero para ellos debe dejar de ver a las mujeres de sectores excluidos como beneficiarias de los favores estatales, condenadas a la pobreza. Hay recursos estatales suficientes para diseñar y ejecutar estrategias nuevas, más activas y dinámicas, que permitan a las mujeres enfrentar con éxito los retos de crear y sostener empresas.

Debatir y aprobar una reforma fiscal progresiva. La reforma fiscal es un importante pendiente en nuestro país; enfocada en forma adecuada permite aumentar los recursos estatales para la inversión social, así como disminuir las desigualdades y las exclusiones sociales. Frecuentemente las propuestas de reforma plantean esquemas regresivos que castigan a quienes menos tienen. Exigimos una reforma fiscal que garantice la aportación de los grandes capitales y combata la gran evasión y elusión imperante.

Garantizar una banca al servicio de la ciudadanía y de las mujeres. En los últimos meses se ha evidenciado que la élite política y empresarial del país emplea la banca pública para enriquecerse de manera ilegal y fraudulenta. Exigimos el fortalecimiento de los controles y la democratización de la banca pública, de manera que estos recursos financieros se empleen para el beneficio y estén al acceso de todas las personas y las comunidades. Demandamos una banca de desarrollo auténtica, que no discrimine a las mujeres. Igualmente exigimos un mayor control de la banca privada, para evitar abusos en sus servicio asi como riesgos para la economía nacional, y la democratización de la Superintendencia General de las Entidades Financieras (SUGEF), inclyendo en su Junta Directiva una representación de la sociedad civil.

Garantizar el trabajo digno. Se ha impuesto una ola de reformas tendientes a la desregulación del mercado laboral. En consecuencia, la precarización del trabajo ha aumentado en muchos sectores de la economía. Es urgente garantizar condiciones dignas en todos los empleos para impedir que el trabajo se convierta en un medio de generar más injusticia y desigualdades. En este sentido, es necesario avanzar hacia la formalidad del empleo, visibilizando que, con frecuencia y cada vez más, el autoempleo esconde relaciones laborales precarias con empresas.

Erradicar la discriminación laboral y garantizar la igualdad salarial entre mujeres y hombres. Las mujeres en general y algunos grupos de mujeres en particular – como mujeres con discapacidad, mujeres migrantes, mujeres lesbianas, mujeres con VIH, mujeres trans, mujeres mayores, mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, trabajadoras domésticas, trabajadoras sexuales – sufrimos una discriminación en el mercado laboral que llega a ser abierta y descarada en la empresa privada. El mayor desempleo o los menores salarios dan cuenta de ello, lo que supone una violación sistemática de la normativa nacional e internacional vigente en el país. Exigimos que los mecanismos para la erradicación de la discriminación sean empleados de manera eficaz. Demandamos una actuación decidida y eficiente del Estado, el fortalecimiento de la inspección laboral del Ministerio de Trabajo, el apoyo a las trabajadoras que interponen denuncias en las instancias laborales penales, y la sanción efectiva de las empresas y personas que incumplen la legislación laboral, incluyendo la relativa al hostigamiento sexual.

Debatir y desarrollar un proyecto económico que no se base en los monocultivos, la minería, la explotación extrema de los recursos y el robo de agua. Se promueven en el país actividades empresariales que responden a lógicas depredadoras y altamente contaminantes. Los impactos ambientales y sociales de cultivos extensivos como la piña o la pesca de arrastre dan cuenta de ello. Por ello exigimos que se detengan de inmediato estas prácticas destructivas, y se anulen todas las concesiones que recurren a ellas. Los recursos naturales deben ser considerados recursos públicos, no susceptibles de concesión ni explotación con fines de lucro, sino administrados únicamente para beneficio social.

Más allá de estas medidas urgentes, Costa Rica requiere un amplio debate para revisar el modelo económico, en el que todas y todos debemos involucrarnos. La economía centrada en la producción para el mercado y en la ganancia de las empresas no es la única propuesta posible; alternativas como el cooperativismo y la Economía Social Solidaria muestran que se pueden tener otros objetivos y operar desde otros principios de bienestar colectivo, solidaridad y reciprocidad, entendiéndolas como estrategias de democratización económica. La tarea es compleja, pero tenemos obligación de decidir sobre nuestro destino como país y no dejar esta responsabilidad en manos de los embates de los mercados mundiales y los intereses de las grandes empresas.

Respetar el derecho a migrar y el derecho a no migrar. En los últimos años han aumentado los flujos migratorios que convierten a nuestro país en escenario de origen, tránsito y destino de las migraciones. Exigimos el respeto de los derechos humanos de todas las personas involucradas en las migraciones y el reconocimiento del aporte cultural y económico que realizan a nuestro país. Demandamos terminar con la discriminación laboral de las personas migrantes, en particular de las mujeres, y exigimos que se levanten las barreras formales, burocráticas y económicas para que puedan formalizar su condición, obtener permisos de trabajo, y gozar de las garantías laborales y sociales reconocidas en nuestro país. Reconocemos que migrar es un derecho para todas las personas. Sin embargo, también lo es no migrar, por lo que es necesario garantizar las condiciones para que las personas que habitamos este país no nos veamos obligadas a hacerlo.

4. El derecho a una vida libre de violencia para las mujeres, una condición indispensable para la convivencia social

Uno de los mayores problemas que enfrenta Costa Rica es la violencia ejercida contra mujeres, niñas y adolescentes de todas las condiciones. No hay lugar, situación, ni relación segura para nosotras. En todos los ámbitos nos enfrentamos a hombres que se consideran con derecho a humillarnos, acosarnos sexualmente, atacarnos físicamente, explotarnos, despojarnos de nuestros recursos, violarnos, amenazar con dañarnos a nosotras y a quienes más queremos, matarnos.

Las mujeres vivimos en permanente temor de ser blanco de esta violencia, y nos vemos obligadas a organizar nuestra vida cotidiana tratando de minimizar los riesgos de sufrirla en la calle, en la casa, en los lugares de trabajo y estudio, en las iglesias, en las instituciones públicas y privadas, en los transportes y en las redes sociales. Sin embargo, no es nuestra responsabilidad evitarla; la sociedad y en particular el Estado, deben garantizarnos a todas el derecho a vivir libres de este riesgo. No hay convivencia posible si la mitad de la población está expuesta a una violencia cotidiana y sistemática que puede llegar a ser mortal; en Costa Rica mueren más mujeres a manos de femicidas que por mortalidad materna.

Los agresores y en particular los femicidas pertenecen a esa lista interminable de hombres, conocidos y desconocidos, que se consideran con derecho a disponer de nosotras, nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestra sexualidad, nuestra voluntad. Las víctimas escogidas son cada vez más jóvenes, con menos recursos, experiencia y seguridad en ellas mismas para reconocer los riesgos, protegerse de ellos y buscar ayuda. Cada vez hay más agresiones y femicidios cometidos con violencia sexual, con armas de fuego, con altos niveles de ensañamiento, en contextos cada vez más complejos en los que la actuación de redes delictivas agrava los riesgos para nosotras.

La institucionalidad construida en Costa Rica para enfrentar este problema no está preparada para entender y enfrentar la complejidad y las dimensiones que el problema ha alcanzado. Salvo excepciones, responde a una visión limitada a la violencia de pareja. Aun dentro de este estrecho panorama siguen prevaleciendo en las prácticas institucionales los enfoques familistas y los prejuicios moralistas, que nos revictimizan al negarnos el reconocimiento y respeto a derechos humanos inalienables, como el derecho a la libertad y a la autodeterminación, condicionándolo a criterios de ser buenas hijas, madres, esposas o mujeres sacrificadas.

Tampoco está preparada la institucionalidad para reconocernos en nuestra diversidad ni para erradicar de sus prácticas los prejuicios que revictimizan a las mujeres migrantes, negras, lesbianas, indigentes, con discapacidad, jóvenes, adultas mayores, adolescentes madres, mujeres indígenas, vecinas de barrios marginados, mujeres rurales, trabajadoras sexuales. Todas tenemos el mismo derecho a vivir libres de violencia y este derecho no puede ser ignorado ni condicionado.

Pervive en la sociedad costarricense una preocupante naturalización de la violencia que vivimos las mujeres. Desde las instituciones, los centros de estudio, los púlpitos y los medios de comunicación se favorece esta actitud cuando se muestran altos niveles de tolerancia para los agresores y femicidas a la vez que se culpa y cuestiona a las mujeres agredidas.

No es de extrañar la impunidad de la que gozan la mayoría de los agresores. No hay sanción para miles de hombres adultos que cada año violan y embarazan niñas y adolescentes, el castigo para los acosadores sexuales es excepcional y tan solo 3 de cada 100 denuncias por la Ley de penalización de la violencia contra las mujeres llega a una sanción. Para las mujeres denunciar estas y otras agresiones se convierte en un riesgo de mayor violencia, mientras las esperanzas de encontrar justicia son escasas.

El futuro no es prometedor. Cada cambio de gobierno afecta negativamente a las débiles políticas para enfrentar la violencia contra las mujeres. A esta lógica se suma la campaña desatada por los grupos fundamentalistas contra nuestros derechos, que apunta directamente a destruir logros alcanzados para protegernos de esta violencia. Lo intentaron con las pensiones alimentarias y las medidas de protección. Particularmente preocupante es que en la coyuntura electoral de 2018 algunos candidatos y candidatas corran sin pudor a sumarse a esas campañas, tratando de negar que en materia de derechos humanos no cabe echar marcha atrás.

Cero tolerancia a la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres. Exigimos instaurar en nuestra sociedad una cultura de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres de todas las edades y condiciones, en particular en las instituciones, centros de trabajo y de estudios, sindicatos, organizaciones comunitarias, asociaciones sociales, grupos religiosos, partidos políticos y medios de comunicación. Esta es una condición básica de convivencia social. El Estado no es el único responsable de garantizarnos este derecho; hacemos corresponsables a las autoridades institucionales, las dirigencias políticas, sociales y religiosas, los propietarios y gerentes de centros de trabajo y medios de comunicación, de la violencia que se comete bajo su autoridad en tanto no asuman un compromiso activo de erradicarla.

Nuevo enfoque y avance en las respuestas estatales. Demandamos a todos los poderes del Estado un compromiso de no retroceso en relación con nuestro derecho a vivir sin violencia, y el fortalecimiento de la institucionalidad creada para ese fin. Para ello es imprescindible que se garanticen los recursos requeridos (legislación, conocimiento, estrategias, programas, capacidades, presupuestos) partiendo de una visión y comprensión del problema acorde con lo establecido por la Convención Belem do Pará, capaz de dar respuesta tanto a la complejidad de escenarios y dinámicas que en la actualidad caracteriza la violencia contra las mujeres en nuestro país, como a la diversidad de mujeres que la vivimos.

Legislación imprescindible y su aplicación efectiva. Demandamos al Poder Legislativo la aprobación de leyes que penalicen el acoso sexual callejero y la violencia política contra las mujeres, y al Poder Judicial la aplicación efectiva de la Ley de penalización de la violencia contra las mujeres, la Ley de pensiones alimentarias y la persecución efectiva y sanción de los agresores sexuales.

Espacios públicos seguros para niñas, adolescentes y mujeres. Al gobierno central y a los gobiernos locales demandamos la garantía de espacios seguros para el tránsito y recreación de las niñas, adolescentes y mujeres. Exigimos respuestas de los cuerpos policial frente al acoso sexual callejero y la sanción de los efectivos policiales agresores, en especial de quienes violentan a las trabajadoras sexuales, las mujeres indigentes y las mujeres trans.

Prevención del femicidio en forma específica. Demandamos la garantía de continuidad y fortalecimiento de las iniciativas ya existentes para prevenir los femicidios y garantizar la vida de las niñas, adolescentes y mujeres en situaciones de alto riego.  No podemos esperar a que se erradique la violencia contra las mujeres en nuestra sociedad para impedir que esta segue más vidas. El femicidio puede prevenirse en forma específica con estrategias como los Comités Locales de Intervención y Seguimiento (CLAIS) que actúan en forma inmediata, la protección de las mujeres en espacios seguros, y la identificación y monitoreo efectivo de los agresores de alto riesgo para su control por parte del Estado (encarcelamiento, grilletes electrónicos).

Garantía del derecho a vivir sin violencia para todas. Exigimos un esfuerzo particular para garantizarle el derecho a vivir libres de violencia a las mujeres migrantes, con discapacidad, adultas mayores, lesbianas, trans, indígenas, afrodescendientes, indigentes, adultas mayores, mujeres que viven con VIH, y las trabajadoras sexuales. Las respuestas institucionales deben adecuarse a estas poblaciones, no las niñas, adolescentes y mujeres a las lógicas institucionales. El mismo esfuerzo demandamos para impedir la impunidad de quienes ejercen la violencia contra ellas.

Educación para la igualdad. Ningún cambio social y cultural será posible sin actuar desde la base en la educación. Por esto, señalamos la urgencia de trabajar en reformas integrales y profundas, que aseguren a niñas, niños y adolescentes una educación de calidad, así como el derecho a formarse en la igualdad y el respeto a los derechos humanos, que les permita construir una sociedad más justa para todos y todas.

Medios de comunicación del lado de las soluciones. Exigimos a los medios de comunicación desertar de las filas de quienes justifican y alimentan la violencia contra las mujeres de todas las edades y condiciones, para convertirse en agentes de cambio y construcción de una sociedad libre de esta violencia.

5. Garantízar del ejercicio pleno de los derechos sexuales y los derechos reproductivos 

Los cuerpos y la sexualidad de las mujeres han sido históricamente terrenos de disputa y de ejercicio de poder y control. Sobre ellos se sustenta la discriminación de las mujeres, pilar clave en el mantenimiento del sistema económico y político que genera la estructura de desigualdades en que vivimos.

En las últimas décadas, gracias a las luchas de movimientos de mujeres y feministas, se ha logrado cada vez más un reconocimiento a nivel internacional y regional de la autonomía de las mujeres y de los derechos sexuales y reproductivos, como parte fundamental de los derechos humanos. Estos incluyen aspectos relacionados con la salud sexual y reproductiva, la integridad corporal, la autodeterminación en los ámbitos de la sexualidad y la reproducción, entre otros. Sin embargo, el reconocimiento formal contrasta con las posibilidades reales de reconocimiento y garantía efectiva para su ejercicio pleno en la región latinoamericana y en particular en Costa Rica.

Los caminos emprendidos en nuestro país en esa dirección se han vuelto cada vez más complejos, lentos y costosos. Enfrentamos actualmente múltiples desafíos que amenazan los avances logrados en esta materia. Los rezagos de cumplimiento de responsabilidades legales e institucionales en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos implican para las mujeres, mayores vulneraciones y ausencia de libertades para la toma de decisiones en aspectos relacionados directamente con nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestro bienestar.

La imposición de la lógica de mercado en la actuación pública ha implicado el debilitamiento del Estado de bienestar, y de su capacidad de garantizar derechos y servicios universales en todos los campos, también en este. Paralelamente, presenciamos un aumento de poder político de corrientes religiosas fundamentalistas que obstaculizan las posibilidades de debate abierto sobre temas relacionados con los derechos sexuales y los derechos reproductivos desde una perspectiva democrática, civilista y laica. Estas corrientes refuerzan imaginarios, creencias y estereotipos que perpetúan la desigualdad de género y que tienen un impacto grave en la vida de las mujeres y de las personas cuya identidad de género y vivencia de la sexualidad no se ajustan a la heteronormatividad, como las personas gais, lesbianas, bisexuales, trans o intersex. Sobre argumentos biologicistas, religiosos y esencialistas, no respaldados por la historia ni por la ciencia, tratan de imponer comportamientos, formas de sentir y pensar, formas de vivir y expresar la identidad y la sexualidad que provocan daño, coartan la libertad y expresión de las personas, y destruyen la solidaridad minando el tejido social.

De forma creciente, los cuerpos y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas LGBTI son utilizados como piezas de debate e intercambio político. Todo esto se agrava para un país que, mientras mantenga vigente su condición de Estado confesional, no cuenta aún con libertades amplias para sustentar argumentos progresistas desde una óptica respaldada por evidencia científica y actualizada.

Mientras esas transacciones políticas suceden los avances en los programas de educación para la sexualidad corren el riesgo de retroceder, afectando la vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Miles de niñas y adolescentes son embarazadas por adultos y obligadas a vivir la maternidad en una cultura que legitima el abuso y la violencia sexual. La anticoncepción de emergencia es negada, la maternidad se sigue imponiendo a mujeres y a niñas violadas. El aborto terapéutico es negado en casos de violación y de embarazos con malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, a pesar de que afectan la salud integral de las mujeres. Seguimos viviendo las consecuencias del estigma, la discriminación y la violencia así como graves deficiencias en la atención de la salud sexual y la salud reproductiva de las mujeres adolescentes y jóvenes, mujeres indígenas, afrodescendientes, trabajadoras sexuales, migrantes, lesbianas, bisexuales, trans, con discapacidad, con VIH y aquellas que viven en zonas rurales y empobrecidas.

No es posible pensar que las mujeres podamos ocupar una posición en igualdad y tener una vida digna si nuestros cuerpos se convierten en territorios de decisiones políticas ajenas. No es posible pensar en una sociedad que apueste por el cuidado de la vida si nuestros cuerpos son violentados, si nuestra autonomía y derecho a decidir sobre nuestra sexualidad y reproducción no es reconocido, si nos es negado el acceso a información y a servicios de calidad, si nos es negado el derecho a vivir una sexualidad placentera, libre, informada, decidida, segura. La igualdad y el cuidado de la vida pasan por el cuidado de los cuerpos y por el reconocimiento de la autonomía de las mujeres.

Reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos en la normativa nacional. Demandamos la aprobación del proyecto de Ley Adición de un nuevo Capítulo III referente a los derechos a la salud sexual y reproductiva a la Ley General de Salud, que se encuentra en la Asamblea Legislativa desde hace cerca de 10 años y que permitirá una normativa coherente y unificada en relación con la salud sexual y la salud reproductiva desde un enfoque de derechos.

Derecho de las mujeres a decidir sobre nuestra reproducción y su maternidad. Exigimos avanzar en el reconocimiento del derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres, libre de coerción y discriminación. Es particularmente urgente garantizar el aborto terapéutico, -que está reconocido como derecho en nuestra norma nacional-, a aquellas mujeres, adolescentes y niñas que vean afectada su vida y su salud, incluyendo las situaciones de violación y malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. Diversos organismos internacionales de derechos humanos (Comité de la CEDAW, Comité de Derechos del Niño, Comité de Derechos Humanos) han llamado la atención y emitido recomendaciones vinculantes al respecto sin que el país responda. Desde el año 2009 existe un protocolo de aborto terapéutico que no ha sido aprobado por falta de voluntad política. Exigimos la aprobación e implementación de este protocolo y acciones para minimizar el aborto inseguro. Asimismo, exigimos que se respete y garantice el derecho de las mujeres que deciden ser madres, incluyendo las mujeres con VIH, lesbianas, bisexuales y con discapacidad, la implementación de técnicas de reproducción asistida para quien lo requiera y que se promuevan las maternidades libres, voluntarias y apoyadas. Ninguna niña debe ser madre. Ninguna mujer violada debe ser obligada a ser madre.

Métodos anticonceptivos y para la salud sexual modernos y eficaces. Estudios recientes en el país muestran el inicio temprano de relaciones sexuales, el deseo de la disminución del número de hijos en las mujeres, la persistencia de embarazos no deseados y el embarazo en la adolescencia como realidades que no ceden. Asimismo, persisten desafíos importantes en materia de prevención de infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH. Sin embargo, la oferta de métodos en el país se ha estancado. Exigimos renovar y ampliar la oferta y acceso a métodos anticonceptivos y para la salud sexual a las mujeres de todas las edades, incluyendo las adolescentes, jóvenes, adultas mayores, lesbianas, bisexuales y trans, indígenas, migrantes, con discapacidad, trabajadoras sexuales de acuerdo con sus necesidades específicas. Particularmente importante para garantizar la salud sexual y la autonomía reproductiva de las mujeres es garantizar el acceso al condón femenino, a la anticoncepción oral de emergencia, así como a las barreras de látex. La oferta debe ser informada con parámetros científicos y laicos, libre de estigma, discriminación y prejuicios, y adecuada a las necesidades de cada mujer. 

Educación para la sexualidad. Exigimos una educación para la sexualidad integral, laica, científica y con enfoque de derechos humanos y de género, que procure la búsqueda de relaciones de igualdad, respeto, autocuidado y cuidado mutuo. Encuestas recientes muestran que 9 de cada 10 personas apoyan la educación sexual tanto en primaria como en secundaria. A pesar de ello representantes de sectores conservadores presionan para revertir los avances logrados en esta materia. Exigimos que la educación para la sexualidad, incluyendo la formación en derechos sexuales y reproductivos, no se restrinja a los ámbitos de primaria y secundaria, que se incluya como parte del currículum universitario, y en la educación no formal para todas las edades.

Acceso universal a servicios de salud sexual y salud reproductiva de calidad, inclusivos, respetuosos y sensibles de la diversidad de las personas. Exigimos que los servicios de salud contemplen las necesidades específicas de las personas en las diferentes etapas de su ciclo vital y que garanticen la no discriminación por género, edad, orientación sexual, identidad de género, etnia, condición de salud, discapacidad, condición migratoria y otras condiciones de mayor vulnerabilidad que enfrentan las trabajadoras sexuales, las personas trans y las mujeres viviendo con VIH. Exigimos que los servicios y las decisiones relacionadas con la salud sexual y reproductiva se tomen con base en un enfoque de derechos humanos y no desde la posición particular de las personas funcionarias. Que se garantice a las mujeres y a todas las personas la información completa sobre las opciones de servicios y métodos que tienen disponibles, sin discriminación. Que se garanticen servicios amigables para mujeres jóvenes y adolescentes y también para mujeres mayores de 50 años, contemplando los procesos de climaterio y el derecho al placer sexual de las mujeres adultas mayores. Que se mejore la detección temprana y la atención de las ITS, incluyendo el VIH. Que se garantice la atención obstétrica humanizada y calificada durante el embarazo, parto y posparto. Que se trabaje en prevención y sanción de la violencia obstétrica, así como de las prácticas discriminatorias. Demandamos que se profundicen los esfuerzos para cerrar las brechas de atención en poblaciones históricamente excluidas.

Igualdad y no discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género. Exigimos mantener el compromiso actual de parte del Ejecutivo con la erradicación de la discriminación y el estigma basados en la orientación sexual y en la identidad de género. En particular, demandamos que se promueva en todos los ámbitos, -incluyendo el laboral, en la salud y en la educación-, el respeto y garantía de los derechos humanos de las personas LGBTI, y se erradique toda forma de discriminación y violencia en su contra. Urgimos a que se garantice a esta población igual acceso a recursos como la vivienda, la tierra y el empleo. Particularmente demandamos que se garantice, formal y substantivamente, la igualdad de derechos para todas las familias y el respeto y reconocimiento de la autodefinición identitaria, tal como ordena la reciente Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Entornos favorables para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos. Las demandas planteadas anteriormente solo tendrán respuesta si desde el Estado existe un compromiso real con estos derechos, lo que requiere expresarse en políticas públicas claras y en acciones medibles que tengan un impacto positivo en la población, especialmente en las mujeres. Debe prevalecer este compromiso en el accionar de la institucionalidad, tanto por parte de las autoridades, como del equipo técnico y personal administrativo. Los centros de trabajo, de estudio y de salud; la calle, los espacios de recreación comunitarios, deben ser ambientes seguros y libres de manifestaciones de acoso u hostigamiento sexual contra las mujeres y otros cuerpos feminizados. Exigimos profundizar el trabajo para un cambio cultural, para transformar los imaginarios y estereotipos que perpetúan estas formas de desigualdad, discriminación y violencia, incompatibles con una convivencia inclusiva.

 

 

(el manifiesto lo firman cientos de mujeres costarricenses)

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Julia Ardón